¿Se acerca el fin de la economía colaborativa?

Oficial, y supuestamente, España ha salido de la crisis. Atrás han quedado las penurias que ocasionaron los abusos de unos, el vivir por encima de las posibilidades de otros, los estallidos de burbujas varias y los beneficios de la economía colaborativa a la que tantos y tantos recurrieron para pasar el mal trago. Coches y viviendas compartidas, medios de transporte alternativos, intercambio de servicios entre particulares y mercado de segunda mano se convirtieron en prácticas habituales de subsistencia. Prácticas de trueque que recordaban a la Edad Media o a la España de posguerra sino fuera porque, esta vez, contaban con un nuevo aliado: la tecnología digital de las plataformas.

Como consecuencia de todo ello, y dentro del nuevo marco digital, la mentalidad de los ciudadanos cambió. El ofrecimiento o intercambio de servicios y recursos infrautilizados mediante plataformas o comunidades de usuarios alcanzó cotas nunca vistas y provocó el tambaleo de los intermediarios y la rivalidad de los operadores tradicionales como taxistas y hoteleros. Pero de aquellos recientes lodos, estos barros. En el sector de la vivienda y el turismo, donde unos encontraron un asidero al que agarrarse, otros vieron oportunidad de negocio. De alquilar habitaciones en casas compartidas por pura necesidad a alquilar viviendas completas de forma ilegal para uso turístico. No hay término medio.

Esta semana hemos conocido que Palma de Mallorca será la primera ciudad en prohibir el alquiler turístico de pisos en edificios de viviendas. Y lo hará, previsiblemente, a partir de este mismo verano. El tema se les había ido de las manos. Los precios de los alquileres habían subido un 40% desde 2013. En los dos últimos años, los pisos turísticos no regulados habían aumentado un 50%. Según el Ayuntamiento, en la ciudad se comercializan unas 11.000 plazas a través de plataformas de alquiler a turistas (lideradas por Airbnb), aunque en el registro obligatorio de la Conselleria de Turismo solo hay 645 plazas. Es decir, más del 90% de la oferta es irregular.

Es el motivo por el que familias enteras se han visto obligadas a dejar sus hogares en beneficio de los turistas. Con la nueva medida, el gobierno tripartito de Palma dice defender el derecho constitucional a una vivienda digna de sus vecinos frente a la presión de la demanda para uso turístico, además de frenar el deterioro de la convivencia en los barrios (ruido, inseguridad, etc.).

La llamada burbuja del alquiler es un problema de Palma de Mallorca pero también de muchas ciudades turísticas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Las Palmas, Gijón o las capitales canarias. Es un efecto netamente urbano conocido como gentrificación (del inglés gentry que significa alta burguesía) y que se refiere a la transformación de un espacio, a veces un barrio entero, lo que provoca un aumento de los alquileres y el abandono de los residentes tradicionales a favor de personas con mayor poder adquisitivo, en este caso, los turistas.

Beneficiados y afectados no se ponen de acuerdo. Y es que nunca llueve a gusto de todos: los propietarios consideran que pueden hacer lo que quieran con sus viviendas. Sin ir más lejos, esta semana un juez ha obligado al Ayuntamiento de Oviedo a legalizar un piso turístico pese a la falta de normativa local porque va en contra de una directiva europea que defiende el derecho a acogerse a esta figura de negocio sin necesidad de recibir el visto bueno de la administración local. Y junto a los propietarios, los pequeños comercios que ven una amenaza a lo que ya era una nueva y jugosa fuente de ingresos.

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, está trabajando para impulsar una normativa estatal que regule el alquiler vacacional, actualmente en potestad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, hasta ahora, se han limitado a la obligatoriedad de inscribirse en un registro como único freno a las irregularidades.

Para algunos expertos, los problemas legales y tributarios que presentan algunas empresas de economía colaborativa como Airbnb, Uber o Wallapop (recordemos que las ventas online de bienes de segunda mano tienen un gravamen del 4% como cualquier otra transacción comercial, pero casi nadie lo hace por desconocimiento) anuncian el fin de la economía colaborativa. Sin embargo, otros muchos consideran que la voluntad política no puede obviar las nuevas realidades empresariales y sociales. En este sentido, la Unión Europea ya se ha pronunciado y algunas ciudades como Londres, Berlín o Amsterdam han empezado a posicionarse favorablemente. El objetivo es garantizar que la economía colaborativa y de plataformas se integre en la actividad económica garantizando una competencia leal, de respeto y tolerancia. Hay que regular, no prohibir.

Autora: Elvira Calvo (3 mayo 2018)

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