La creación de un nuevo impuesto sobre el sector bancario, ya sea aplicable a los beneficios, a los depósitos o a los préstamos, provocaría un efecto de distorsión que derivaría en una caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior a los potenciales mayores ingresos que podría obtener el Gobierno.

Así lo exponen los economistas José Emilio Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri y Juan Rubio-Ramírez en un artículo, en el que se analizan los efectos de la introducción de tres impuestos bancarios alternativos sobre las principales variables macroeconómicas.

“Los tres tipos de impuestos bancarios tendrían efectos negativos similares sobre la actividad económica”, remarcan los expertos, que calculan que la elasticidad general del PIB con respecto a los ingresos públicos post aplicación de un nuevo gravamen al sector es cercana al -0,9%.

Además, aseguran en el documento que, cuanto más alta sea la tasa del impuesto, más se intensificará la reacción de los bancos en términos de repercutir parte del coste fiscal a los hogares y las empresas.

De igual forma, estiman que, para obtener un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB, los bancos tendrían que elevar el coste de los préstamos en cerca de 15 puntos básicos.

En suma, un impuesto bancario aumentaría el tipo de interés aplicado a los préstamos al aumentar el coste de capital de las entidades financieras, lo que impactaría sobre la economía real.

De hecho, la idea de aplicar un impuesto al sector bancario ha estado bajo un intenso escrutinio desde la crisis financiera internacional de 2007, por lo que en los últimos años se han presentado diversos estudios para justificar o no la conveniencia de su creación.

La Comisión Europea, por ejemplo, respalda esta tributación al considerar que contribuye indirectamente a aumentar la estabilidad financiera al desalentar ciertas actividades de mayor riesgo o porque contribuiría a recuperar las ayudas públicas proporcionadas a los bancos durante la crisis.

También se entiende que podría utilizarse para crear un fondo para una futura reestructuración bancaria o para garantizar que el sector realice una aportación “justa y sustancial” a las finanzas públicas.

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