Un poco de luz a la pobreza energética

El debate sobre la pobreza energética se reabre en España a raíz de la muerte de una anciana y coincide con la sentencia del Supremo que anula el bono social y obliga a indemnizar a las eléctricas.

El pasado día 15, la sociedad española se conmocionó al conocer la muerte de una anciana de 81 años en el incendio de su casa, en Reus, por culpa de una vela. Dos meses atrás, le habían cortado la luz. Su situación era tan precaria que llevaba 10 meses sin pagar el alquiler y recibía una ayuda del servicio municipal de agua.

El trágico suceso ha reabierto el debate sobre la pobreza energética, un término que fue acuñado en el Reino Unido por la investigadora británica Brenda Boardman a principios de la década de los 90 y que hace referencia a familias que tienen que destinar más del 10% de su renta a pagar los servicios de energía (electricidad, gas y agua caliente). El baremo es el resultado de combinar tres factores: ingresos bajos en la renta familiar, altos precios de la energía doméstica y bajos niveles de eficiencia energética en la vivienda.

En España, la Asociación de Ciencias Ambientales (fundada en 1997 y formada por estudiantes, científicos y técnicos) realiza cada dos años un estudio sobre la pobreza energética en nuestro país. Según su último informe, con datos de 2014, el 11% de los hogares españoles (más de 5 millones de personas) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. La cifra es un 22% superior a la de 2012.

La vulnerabilidad energética en España ha sido un problema invisible hasta que llegó la crisis de 2008, cuando los partidos políticos fueron conscientes de su gravedad.

En 2009, el Gobierno de Zapatero aprobó el bono social: un 25% de reducción de la factura de la luz para los hogares con todos sus miembros en paro, consumidores de baja tensión con potencia instalada inferior a tres kilovatios o pensionistas mayores de 60 años que cobran la pensión mínima.

De esta subvención se benefician 2,4 millones de personas y el gasto, unos 200 millones de euros anuales, ha sido asumido por las propias compañías eléctricas que, indignadas, lo recurrieron al Tribunal Supremo en 2014. Aquí es imprescindible reseñar las retribuciones anuales de los presidentes de las eléctricas más importantes en 2015: el de Iberdrola ganó 9,5 millones de euros; el de Endesa 2,9 millones de euros; y el de Gas Natural Fenosa 1,1 millones.

Ha sido precisamente el pasado 25 de octubre cuando, apelando a las normas del mercado eléctrico europeo, el Supremo ha dado la razón a las compañías, tumbando el bono social y, además, exigiendo que se las indemnice por el dinero que han tenido que pagar (o dejar de ganar, según se mire: los 200 millones de euros anuales). El nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, acaba de anunciar que el Gobierno ya ha recurrido esta sentencia, aunque acatará la decisión de indemnizar a las eléctricas. Ahora, falta saber si lo hará la Administración Pública o los usuarios que se han beneficiado durante estos años del bono social. Por ello, el ministro ha pedido la colaboración de todos los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo rápido que impida que sean los consumidores o la administración los que tengan que pagar la indemnización (más de 500 millones de euros). Una de las opciones que se barajan es utilizar el superávit obtenido en los dos últimos años (1.600 millones de euros) pero para ello es necesario cambiar la Ley Eléctrica y liberar ese dinero que, actualmente, está bloqueado en una cuenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competitividad (CNMC).

Bono social aparte, actualmente, ante la caída de las rentas familiares y el aumento del precio de la electricidad, son los gobiernos autonómicos y algunos ayuntamientos los que actúan, informando a las compañías eléctricas sobre las personas que viven en situación de pobreza energética.

Paradójicamente, Cataluña es la comunidad que más ha legislado sobre el tema. Hasta tres veces. Incluso intentó crear la llamada tregua invernal entre noviembre y marzo, en la que prohibía a las empresas cortar el suministro en ningún hogar. La Ley catalana 24/2015 obliga a que las compañías de luz, agua y gas informen a los servicios sociales del corte de un suministro por impago. La anciana de Reus fue víctima de la pobreza y de la vulnerabilidad, pero también de los errores en la aplicación de esa ley así que el caso ha llegado a la Fiscalía. El Ayuntamiento de Reus y la empresa Gas Natural Fenosa se culpan mutuamente: unos de no informar y otros por falta de reglamento para aplicar la ley.

El año pasado, Andalucía aprobó un programa extraordinario para el suministro de un mínimo vital; Galicia implantó el ticket eléctrico total y el País Vasco aprobó subvenciones destinadas a esta partida. Las alcaldesas de Madrid y Barcelona incluyeron en sus programas electorales la prohibición de cortar la luz a hogares de rentas bajas y proclamaron que la electricidad debería ser un derecho básico protegido.

Europa también sufre pobreza energética, en concreto, 54 millones de personas se encuentran en esa situación. Las medidas políticas van por la mejora de la eficiencia energética en las viviendas, el control del precio de la energía y políticas de rentas familiares.

Autora: Elvira Calvo (24 noviembre 2018)

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