La Universidad española: entre la crisis y los vaivenes políticos

La enseñanza en España no va bien. Lo avalan internacionales como el de Pisa, el de la  o el de consultoras especializadas. Desde que estrenamos democracia, hace más de 40 años, el sistema educativo ha sido una piedra en el zapato para todos los gobiernos de las distintas legislaturas, especialmente para la del actual gobierno en funciones que, para paliar los efectos de la y cumplir con los objetivos de marcados por Bruselas, anunció en 2012 un recorte en educación de 3.700 millones de , lo que obligó a aumentar el número de alumnos por aula, las horas lectivas de los profesores y las universitarias entre otras medidas.

El recorte fue escandaloso, pero no novedoso. Entre 2009 y 2013, el educativo español, en todos los niveles, cayó en 7.000 millones de euros (1.200 solo en la educación universitaria) según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y es que España sólo invierte en educación el 4,3% del , frente al 5,2% que destinan de media el resto de los 33 países miembros de esta organización, incluidos los rescatados Portugal o Irlanda.

La falta de y financiación conlleva otros problemas colaterales que explican la actual situación de la institución en nuestro país: aumento de tasas, disminución de becas, abandono de estudios, falta de investigación, escasa , falta de eficiencia, déficit de personal docente y administrativo, alejamiento con la realidad empresarial del país…

España fue de los últimos países de la UE en implantar el Plan Bolonia e integrarse en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para lograr la convergencia y la comparabilidad de todos los sistemas educativos de Europa. Lo hizo en 2010-11: en ese curso desaparecieron las diplomaturas (carreras de 3 años) y las licenciaturas (de 5) que se sustituyeron por el grado, de 4 años; y aparecieron los másteres, una especialización en un ámbito concreto que requiere de uno o dos años más.

La implantación del Plan Bolonia, por tanto, coincidió con los años más duros de la crisis. El Gobierno de Zapatero puso en marcha el Préstamo Renta Universidad para aquellos estudiantes que quisieran realizar un máster o hacer el doctorado. Se trataba de un sistema similar al británico que sustituía las becas por : 12.000 euros que debían devolver en 15 años, una vez se incorporaran al y alcanzaran una determinada (22.000 euros brutos al año). El Estado español presupuestó 400 millones de euros entre 2007 y 2011. Más de 15.000 alumnos se beneficiaron de estos préstamos, un total de 220 millones de euros que, por calendario, aún se están devolviendo, aunque -parece ser- las condiciones se han endurecido.

El Partido Popular ganó las elecciones generales de noviembre de 2011. Ya en el poder, encargó a su ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, iniciar la reforma educativa en España: primero en la enseñanza básica, aprobando la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, la polémica LOMCE, que puso patas arriba a la comunidad educativa por los cambios que introducía en los estudios de Primaria, ESO y Bachiller. Y un año después, en las enseñanzas universitarias, alegando que eran insostenibles (léase “difícil de mantener con matrículas tan baratas”), lo que motivó que en abril de 2012, el Gobierno de Rajoy aprobara el Real Decreto-ley 14/2012 de Medidas Urgentes de Racionalización del en el ámbito educativo que, entre otras cosas, estableció que las tasas universitarias fueran fijadas por cada comunidad autónoma dentro de unos límites (entre el 15 y el 25% en las primeras matrículas de los grados y másteres, y hasta el 90 o 100% en las cuartas matrículas). Como las comunidades autónomas estaban caninas -gastaban más de lo que ingresaban y no cumplían los objetivos de déficit-, !subieron las tasas!

¿Y qué ocurrió? Pues que nos hemos convertido en el 9º país de la UE donde resulta más caro estudiar una carrera. Según un informe de EURYDICE, la red europea de información sobre educación, las tasas universitarias españolas han subido, en cuatro años, un 200% de media, situándose en una horquilla que va de los 1.000 a los 3.000 euros. En el ranking, que recoge 35 tasas universitarias europeas, España ocupa el 9º puesto después de Italia, Reino Unido, Holanda y Suiza, países donde resulta más caro estudiar una carrera. Sin embargo, es más barato en Francia (500 euros de matrícula), Bélgica y Portugal (1.000 euros).

Por comunidades autónomas, las más caras son Cataluña, Castilla y León y Madrid. Todas han elevado sus tasas, excepto Galicia (713 euros) y Asturias (1.028 euros) que no las han tocado, o Castilla La Mancha que ha rebajado sus másteres a 95 euros, en la línea de países como Noruega, Alemania, Austria o Turquía. Estudiar un máster en Madrid tiene un actual de entre 1.700 y 3.950 euros, igual que en Cataluña, donde puede subir hasta los 8.000 euros en el caso de la Universidad Pompeu Fabra, la más cara.

Además de ese Real Decreto-ley de 2012 que permitió que las tasas universitarias subieran un 200%, el Gobierno del Partido Popular concretó su reforma del sistema universitario español en 2015 con dos leyes más:

1) En enero de 2015, aprobó el real decreto conocido como “decreto 3+2” que permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de 3 años (frente a los 4 del Plan Bolonia, apenas recién implantado), y másteres de entre 1 y 2 años. La idea inicial es que los jóvenes accedan más rápido al , pero en España, y debido al alto de los másteres, la medida se vio como un intento de privatizar o sacar rendimiento a la enseñanza universitaria. La comunidad educativa se levantó en armas y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acordó una con la que se oponía al decreto, anunciando que expulsaría a las universidades que implantaran el nuevo sistema. La moratoria ha sido ratificada en marzo de este año hasta el curso 2017-18, así que el problema aún no se ha solucionado.

2) En mayo, se aprobó un segundo decreto que flexibilizaba los requisitos para la creación de nuevas universidades, el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Se trata de una norma que facilita la creación de nuevos campus privados. Si en 1997 había 13 universidades privadas en España, en 2018 ya hay 33. Las críticas pasan por la proliferación de centros sin garantías de calidad, transparencia e interés públicos, creados únicamente por intereses económicos o ideológicos.

Resultado de todo ello, de la crisis y de los vaivenes políticos, la universidad pública española agoniza por una serie de problemas de difícil solución: la inversión pública ha sufrido un descenso del 13,7%; las partidas destinadas a becas se han reducido un 13%; más de 5.000 profesores han perdido sus puestos de ; y la inversión en I+D+i ha disminuido un 33,8%.

En el ranking de las mejores universidades del mundo, que acaba de publicar en su 13ª edición la consultora QS, no aparece ninguna universidad española entre las cien primeras, lideradas por tres campus estadounidenses (Instituto Tecnológico de Massachussetts, Universidad de Stanford, y Universidad de Harvard). Hay que avanzar.

Puedes leer la segunda parte de este artículo pinchando en el siguiente enlace.

Autora: Elvira Calvo (13 octubre 2018)

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