La peculiar situación de Gibraltar en el Brexit

Tras el Brexit, las futuras relaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido para el periodo de transición -desde marzo de 2019 a diciembre de 2020-, se han debatido en Bruselas en el marco del Consejo Europeo de Primavera celebrado el pasado 22 de marzo.

Está claro que Reino Unido saldrá de la Unión Europea pero las condiciones no serán las mismas para Gibraltar. España, con el apoyo de los otros 26 países de la Comisión, quiere unas condiciones específicas para el Peñón, condiciones que tendrán que recogerse en un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido y en el que trabajan el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, y el ministro británico para el Brexit, David Davis.

A España le preocupa dejar bien clara la situación de Gibraltar dada la vinculación entre ambos territorios (9.000 españoles trabajan allí), sobre todo en cuestiones clave como la utilización conjunta del aeropuerto gibraltareño -construido durante la guerra civil en una lengua de tierra que no se cedió a Inglaterra en el Tratado de Utrech-, la lucha contra el contrabando de tabaco, la transparencia fiscal (Gibraltar es paraíso fiscal) y algunas cuestiones de pesca y medioambientales (en 2007, su tasa de emisiones de dióxido de carbono fue una de las más altas del mundo, 159 toneladas por persona).

Gibraltar, con una población de 33.000 habitantes, es una colonia británica calificada como “territorio no autónomo”, tal como recoge su Constitución (de 1969 y reformada en 2006). Salvo disposición expresa o cláusula específica, ni las leyes del Parlamento británico ni los tratados internacionales concertados por el Reino Unido con otros estados se aplican automáticamente en Gibraltar. Tampoco algunas leyes de la Unión Europea, de la que forma parte, pero con un estatus especial y único: está fuera de la Unión Aduanera, está excluido de la Política Agraria Común (PAC) -puesto que carece de terreno agrícola- y está exento del IVA, disposiciones que lo convierten en un paraíso fiscal. Tampoco puede independizarse, un deseo local que viene de atrás. En el referendum del Brexit, celebrado en junio de 2016, Gibraltar votó mayoritariamente (96%) por su permanencia en la Unión Europea. Por todo ello, la posición jurídica de Gibraltar ha estado en entredicho desde que España lo cedió a la Corona británica en el Tratado de Utrecht de 1713.

La actividad económica de Gibraltar está limitada por la carencia de terreno y gira en torno a una pequeña industria para consumo interno. Sus fuentes de ingresos provienen del sector terciario y de servicios: el transporte marítimo y la actividad portuaria (que se ha extendido a una porción de tierra ganada al mar en la bahía de Algeciras), el turismo (recibe más de siete millones de visitantes al año), las actividades financieras (recordemos que es un paraíso fiscal) y las relacionadas con los servicios de la Administración. Además, debido a la exención de impuestos, Gibraltar se ha convertido en una de las mayores sedes de empresas de juego virtual (hasta 15 casinos virtuales operaban desde Gibraltar en 2006, como Betandwin.com). Durante años, el 60% de su economía estuvo constituida por una potente empresa armamentística que suministraba al ministerio de Defensa del Reino Unido, pero a mediados de los 80 y tras el cierre de los astilleros de la Marina Real Británica, tuvo que diversificarse. En 2002, la contribución del ministerio al PIB gibraltareño apenas alcanzaba el 7%.

En las actuales negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para hacer efectivo el Brexit, las autoridades gibraltareñas consideran una marginación las condiciones especiales que solicita España, motivo por el que amenazan con emprender acciones legales y con rescindir los contratos de los españoles que trabajan en el Peñón, una cuestión prioritaria para el Gobierno español.

Tras la reunión de ese Consejo Europeo de Primavera del 23 de marzo, al que asistió Mariano Rajoy, las aguas parecen haberse calmado, aunque sólo sea en el ambiente diplomático que rodea Bruselas. El propio presidente español se ha mostrado optimista por el progreso satisfactorio de las conversaciones entre ambas partes, lo que supuestamente permitirá llegar a un acuerdo bilateral en los próximos meses. Se trata de mejorar la situación de los trabajadores transfronterizos y de solucionar las cuestiones que, a día de hoy, afectan negativamente a la zona del Campo de Gibraltar.

El Brexit trae además otros problemas para España: aún no se sabe si los más de 300.000 residentes británicos afincados en España podrán votar en las elecciones municipales de mayo de 2019. Es uno de los principales quebraderos de cabeza de algunas asociaciones de residentes británicos como Brexpats in Spain, con casi 5.000 afiliados. Su gran objetivo es defender sus derechos y el del voto en las municipales españolas.

Autora: Elvira Calvo (27 marzo 2018)

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