Europa estudia un impuesto del 3% sobre los ingresos para evitar la evasión fiscal

La evasión fiscal es un problema globalizado. En el caso de los gigantes tecnológicos (Amazon, Facebook, Google o Apple) supone miles de millones de impuestos sin recaudar al año. En la Unión Europea las empresas tradicionales pagan de media un 22,5% de impuesto frente al 9,5% que recae sobre los negocios digitales. Por eso, la Comisión Europea estudia implantar un impuesto digital sobre las empresas tecnológicas y así establecer un contexto impositivo homogéneo, independientemente de la actividad que se realice.

La propuesta da un cambio de giro en la política fiscal y pretende gravar los ingresos brutos en lugar de los beneficios, según el borrador aportado por la Comisión Europea. Se va a tratar de gravar los ingresos obtenidos por la venta de espacios publicitarios y servicios de intermediación como el alquiler, transporte entre particulares, etc.

Estas empresas digitales utilizan la ingeniería fiscal para pagar la menor cantidad de impuestos. En 2018, las filiales españolas de Amazon, Facebook, Google o Apple pagaron 27 millones de euros en impuestos. Una cifra que a ojos de los inspectores de Hacienda europeos no reflejan la realidad sobre sus cifras de beneficio.

Hasta 7.800 millones más de recaudación

Normalmente estas empresas tributan sus beneficios en paraísos fiscales europeos como Irlanda o Luxemburgo, donde la tributación es más laxa. Por ello, para evitar fugas impositivas, se quiere gravar directamente sobre los ingresos que las empresas obtienen en los países donde realizan la actividad. El impuesto será entre el 1% y 5% y se aplicará de manera temporal.

Este porcentaje se fijará a empresas que facturen al año más de 750 millones de euros a nivel global y más de 50 millones en la Unión Europea. La Comisión Europea calcula que estas medidas ayudarán a recaudar, si se aplica el 5%, hasta 7.800 millones de euros.

El mayor inconveniente es encontrar consenso. Los 28 estados miembros de la Unión Europea deben estar de acuerdo para que el proyecto se apruebe y se ejecute como ley. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España son los países que están promoviendo con más fuerza esta política fiscal regulada y coherente. Sin embargo, Irlanda o Luxemburgo seguramente opongan resistencia. Su autonomía fiscal les permite ser los grandes centros europeos de recepción de capitales y sedes de empresas.

En agosto del 2018, la Comisión Europea reclamó a Apple 13.000 millones de euros por ventajas fiscales que obtuvo en Irlanda entre el año 2003 y 2014, aunque recalcan que esta situación ventajosa comenzó en 1991. En ese año, la compañía de la manzana e Irlanda firmaron unos acuerdos fiscales que le permitió a Apple llegar a pagar un 0,005% de impuesto de sociedades.

Las grandes empresas tecnológicas tributan una mínima parte de sus ingresos en España. Las últimas cuentas anuales de Amazon, Facebook, Google y Apple, recogidas en el Registro Mercantil, pertenecen a 2018 y recogen una recaudación por impuesto de sociedades de tan sólo 27 millones de euros. En los ejercicios de 2014 y 2015 la cuantía fue de 6,6 y 9,5 millones de euros respectivamente. Dada la capacidad de negocio de estas empresas, la cantidad que pagan por impuestos es minúscula, pero esto se debe, sobre todo, a que desvían casi el total de sus ingresos a países como Holanda, Irlanda o Luxemburgo.

En España, desde el 1 de enero de 2018, el impuesto de sociedades tiene un tipo general de 25% frente al 22,5% de media que hay en el conjunto de la Unión Europea. España recauda un 2,4% del PIB mediante el impuesto de sociedades, siendo el mismo porcentaje que en Alemania. No obstante, el PIB alemán es casi el triple que el español.

Por cada céntimo que las empresas no pagan de impuestos, lo tienen que hacer los contribuyentes de forma indirecta. Esta guerra tributaria existe desde hace años. Un impuesto de entre el 1% y el 5% sobre los ingresos es una medida que ayudará a atajar el problema, pero no lo solventará por completo. La hoja de ruta está marcada. Lo importante es que la subida del impuesto no suponga un incremento de los precios de venta y, por lo tanto, recaiga en el consumidor final.

Autor: Daniel Moreno (27 marzo 2018)

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