Dime quién te presta y te diré quién eres (I)

José Antonio Gutiérrez Sebares es coordinador del Archivo Histórico Banco Santander e investigador en Historia financiera y bancaria. Es autor de diversas monografías y artículos sobre la historia de la banca española y los mercados de valores locales en los siglos XIX y XX. Actualmente estudia el impacto de la banca y finanzas públicas en el modelo colonial español del siglo XIX.

Deuda y orden internacional en la historia

Introducción

La presencia este mes en Moscú del primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha traído a las páginas de la prensa occidental expresiones como “caballo de Troya” o “regalo envenenado”. La posibilidad de un crédito ruso que permitiera a Grecia aliviar la presión de sus acreedores europeos ha hecho asomar el rostro al fantasma de un realineamiento político de amplias consecuencia en un ámbito internacional ya suficientemente enrarecido. Los temores no son nuevos: a los pocos días de las elecciones griegas del pasado mes de enero (2015) el ministro español de economía, Luis de Guindos, advertía al nuevo gobierno de Atenas de que buscar el apoyo financiero de Rusia y China, en lugar del ofrecido por sus “mucho mejores socios los europeos”, equivalía a comparar la relación con una madrastra a la más natural y benigna con la propia madre. Dejando a un lado la dudosa semejanza entre los lazos maternofiliales y los financieros, lo cierto es que las palabras del ministro ponen en evidencia que las relaciones entre prestamista y prestatario van mucho más allá de las condiciones técnicas de un préstamo. Que la deuda es, también, el martillo con el que se han forjado muchas alianzas geoestratégicas y la brújula que a menudo ha marcado el rumbo de la política internacional.

La relación entre finanzas y gobiernos, entre deuda y política, es casi tan vieja como la historia del dinero y del crédito; a menudo a través de la guerra, de la que ya Tucídides había reconocido el dinero como su principal nutriente. No en balde el control del tesoro de Delos—amasado con las aportaciones de sus aliados, voluntarios o forzosos—permitió a Atenas tanto el florecimiento artístico y cultural del siglo V a. C. como el sostenimiento de la Guerra del Peloponeso que terminó con su hegemonía en el mundo griego. En la Edad Media la Orden del Temple, con su estructura multinacional de encomiendas y castillos actuando desde el siglo XII a la manera de una densa red de sucursales bancarias, ejerció como caja de consignación y de secuestros, además de aceptar el depósito de fondos. A su vez, el tesoro templario fue destinado a la financiación de las Cruzadas y de la política temporal del Papa. A cambio, los templarios recibieron numerosos privilegios tanto de la Iglesia como de las distintas monarquías europeas, en Europa y en Tierra Santa, pero sus cuantiosos recursos acabaron por excitar la codicia de los reyes, a menudo sus deudores, lo que en 1307 llevó a Felipe IV de Francia a actuar contra ellos, confiscar sus bienes y conseguir del Papa la extinción de la orden siete años después.

En el siglo XIV, las implicaciones políticas de la deuda soberana pusieron en una muy difícil coyuntura a las principales casas de banca de la época, en su mayoría radicadas en Florencia. Estos banqueros italianos—los Peruzzi, los Accioili, los Bardi—prestaban a los gobiernos tanto de Francia como de Inglaterra. Cuando el rey inglés abrió las hostilidades contra los franceses en 1337, dando inicio así a la Guerra de los Cien Años (1337-1453), la banca florentina se encontró en la tesitura de elegir cuál de las dos monarquías confiscaría sus inversiones y repudiaría sus créditos. Se decidieron por apoyar al rey de Inglaterra e inmediatamente Francia actuó apropiándose de sus activos. Pero esto no les salvó de un desastre financiero prácticamente total: a la larga, Londres terminó por declararse imposibilitado para pagar y hundió definitivamente a una banca florentina que no levantaría su cabeza hasta más de un siglo después con la Casa Medici.

Durante la Edad Moderna fue la Monarquía Hispánica la que se constituyó en principal demandante de crédito público como forma para financiar su imperio ultramarino y las guerras que aseguraran su hegemonía europea. Banqueros alemanes como los Fugger, principal sostén financiero de la política los Habsburgo y el Papado en el siglo XVI o las casas de banca genovesas en el XVII obtuvieron espléndidas contrapartidas—en España o en el Nuevo Mundo—a su apoyo crediticio, pero ello no dejó de tener una evidente dimensión política en ambos, bien con la pervivencia del catolicismo en el Sur de Alemania frente al avance de la Reforma en otros estados más septentrionales o con la política pro española de la República de Génova.

El siglo XIX

La denominada revolución financiera en cuya raíz se encuentran los orígenes de los bancos nacionales, la deuda pública tal y como hoy la conocemos y los modernos mercados de capitales tuvo su arranque en el siglo XVII y una notable evolución en el siguiente, pero fue con la extensión del modelo liberal de Estado durante el siglo XIX cuando se produjo la consolidación de verdaderos centros financieros internacionales dedicados a dar satisfacción a las crecientes demandas de crédito público y la configuración de los principales sistemas bancarios europeos, incluida la banca central. Algunos estudiosos de la hacienda pública han distinguido dos tipos de mercados de deuda en el período anterior a la Primera Guerra Mundial. La primera categoría estaría integrada por los existentes en Inglaterra, Suiza, Bélgica u Holanda, donde se asumía que el capital era, desde el punto de vista político, prácticamente neutro. Esto suponía que la nacionalidad del prestatario no era un criterio a considerar a la hora de conceder un préstamo, pudiendo éste negociarse incluso con países potencialmente enemigos. Desde luego, la afirmación de que en estos mercados el uso políticamente instrumental de la deuda no fuera la norma no impide que se produjeran casos paradigmáticos de lo contrario, como fue la deuda egipcia contratada en Londres en la década de 1870. Los apuros económicos del jedive egipcio, uno de los principales accionistas del Canal de Suez, llevaron en 1875 al primer ministro británico Benjamin Disraeli a la compra de una gran parte de los títulos a través de un préstamo de la Casa Rothschild. Con ello, el Reino Unido se aseguraba el control de una vía esencial para el dominio de sus posesiones coloniales en la India. Además, Londres siguió acumulando una gran cantidad de deuda pública egipcia y aprovechó su posición como acreedor para extender su imperio a la nación del Nilo, incorporada como protectorado tras una breve guerra y el bombardeo de Alejandría en 1882.

La segunda categoría de exportadores de ahorro tenía su más caracterizado representante en Francia, donde las relaciones entre política y finanzas eran mucho más estrechas que en el grupo anterior. En los mercados de París los títulos extranjeros no eran admitidos a cotización sin la autorización gubernamental y los banqueros franceses debían igualmente obtener el consentimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores antes de emitir un empréstito. El Quai d’Orsay y la haute banque francesa caminaron de la mano a la hora de conceder créditos a los Estados amigos o indiferentes, negándoselo a los enemigos o inciertos.

Las relaciones políticas y financieras entre Francia y España durante gran parte del siglo XIX pueden ilustrar perfectamente el funcionamiento de la deuda como medio de influencia en la política de un Estado pretendidamente soberano. El aislamiento diplomático a que España quedó reducida tras su pobrísima actuación en el Congreso de Viena (1815) concluyó, en cierta medida, con la firma de la Cuádruple Alianza en 1834. Redactado aparentemente para garantizar la supervivencia del modelo de Estado liberal en España y Portugal, el acuerdo implementaba en la práctica una suerte de protectorado sobre estas naciones, ejercido conjuntamente por Francia y el Reino Unido. Durante unos años, esta influencia a dúo se impuso sin apenas interferencias, pero en la década de 1840 empezaba ya a mostrar evidentes signos de agotamiento, especialmente después de concluida la conquista de Argelia por los franceses en 1844. El enfriamiento de las relaciones franco-británicas forzó a España a tomar partido—siempre dentro de unos límites—entre Londres y París. Y terminó por hacerlo a favor de esta última capital. En realidad, las primeros pasos hacia la corte francesa ya se habían producido con motivo de la búsqueda de un esposo para la reina Isabel II: Londres—y el filobritánico general Espartero, entonces en la Regencia—abogaban por un enlace con Leopoldo de Coburgo, primo del príncipe consorte inglés; París habría deseado un matrimonio con un miembro de la familia real francesa, entonces Orleans. Al final, las conversaciones entre británicos y franceses sobre con quién no debía casarse la reina española dejaban como una de las pocas opciones viables la de la propia dinastía Borbón, que se materializaría en la boda con Francisco de Asís y Borbón en 1846. Además, la infanta Luisa Fernanda—hermana de la reina—se casaría con Antonio de Orleans, Duque de Montpensier. La victoria diplomática para Francia era clara, aunque evitando cuidadosamente un agravio al Reino Unido. Cuando en 1843 el general Espartero fue apartado del poder, la influencia francesa llegó a ser ya indiscutida e indiscutible: desde entonces, todas las facciones políticas del liberalismo español—moderados, progresistas, unionistas, demócratas—habrían de anticipar siempre la reacción de París antes de dar cualquier paso político de trascendencia.

Este juego de alianzas tuvo una traducción prácticamente inmediata en el ámbito financiero español. El país, que desde la pérdida de las posesiones coloniales en la América continental había visto su Hacienda reducida a un permanente déficit, había venido dependiendo de los mercados exteriores de deuda durante décadas. Sin embargo, los sucesivos impagos habían alejado los bonos españoles de un gran número de mercados: el arreglo del Conde de Toreno en 1836 dejó a la deuda española fuera de la Bolsa de Berlín; el de Bravo Murillo en 1851 tuvo idénticos efectos respecto a los mercados de Londres y Amsterdam. Sólo la Bolsa de París permanecería abierta para los fondos españoles durante las décadas centrales del siglo, lo que sellaría la dependencia política de España en términos tanto políticos como financieros.

Pasados los efectos de la ola revolucionaria de 1848, que derrocó a la dinastía Orleans en Francia y retrajo defensivamente una tenue libertad económica en España, la influencia de nuestro vecino en materia financiera se hizo pronto evidente. Especialmente, cuando a partir de 1854 se permitió la creación de sociedades anónimas bancarias como instrumentos para la financiación de la red ferroviaria española, entonces aún por construir. La inversión directa francesa en minería, ferrocarriles y bancos fue decisiva, con la participación de algunos de los más importantes financieros franceses: Rothschild, Péreire o Guilhou, entre otros. Por desgracia, su intervención también fue clave para hinchar una enorme burbuja ferroviaria y bancaria que terminó estallando en 1866, arrastrando con ella a ambos sectores y, de paso, a la monarquía de Isabel II dos años después. La forma en que el vínculo financiero con Francia influyó en la caída del trono borbónico en 1868 merece un comentario aparte.

Cuando bancos y sociedades ferroviarias se vieron sacudidos por la crisis en 1866 miraron como último recurso al Estado, en un episodio con evidentes resonancias en la actualidad. Lo que pretendían los inversores en estas empresas era—como diríamos hoy—un rescate por cuenta del Estado. Napoleón llevó a cabo una presión efectiva sobre el gobierno español para que subvencionara a los ferrocarriles en quiebra y minimizara de esa manera el impacto de la crisis sobre los inversores franceses. Inicialmente, el gobierno español rechazó las pretensiones francesas y la reacción de París fue bloquear cualquier intento de Madrid por obtener financiación en el mercado francés. Con su principal fuente de recursos en el exterior cerrada, la situación financiera de los últimos gobiernos isabelinos se degradó rápidamente, al ritmo que lo hacía su salud política. Los ministerios de Narváez y González Bravo trataron infructuosamente de convencer a las Cortes para que aprobaran las subvenciones ferroviarias. Igualmente, gestionaron un empréstito en Londres que fue finalmente abortado por la presión política de la oposición. Ésta había ido creciendo desde el inicio de la crisis y alcanzó un punto de ruptura total cuando los progresistas—tradicionalmente excluidos del gobierno—y los centristas de la Unión Liberal acordaron terminar con el reinado de Isabel II. La mano francesa en la jugada revolucionaria era evidente: la Unión Liberal se hacía eco de los proyectos del Duque de Montpensier, cuñado de la reina deseoso de establecer su propia dinastía en el trono de España. Cuando los revolucionarios de septiembre de 1868 desembarcaron en Cádiz e iniciaron su movimiento antiborbónico al grito de “¡Viva España con honra!”, lo hicieron a bordo de una nave financiada por Montpensier. Pero lo que es más: una gran parte de los políticos y militares implicados en el pronunciamiento eran, a su vez, miembros de los consejos de administración de las compañías ferroviarias que pretendían ser rescatadas por el Estado. Sin duda, el más destacado era el general Serrano, presidente de la Compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España—una de las más importantes del país y con mayor presencia francesa—y que lo llegaría a ser también del primer gobierno provisional una vez Isabel II marchó al exilio. Otros relevantes políticos liberales sumados al movimiento revolucionario también se sentaban en consejos de administración de empresas ferroviarias, como Práxedes Mateo Sagasta, Cristino Martos o Nicolás María Rivero.

Naturalmente, no debe exagerarse el papel de la deuda, los ferrocarriles y los vínculos con Francia como desencadenante de la revolución, cayendo en interpretaciones excesivamente unilaterales, pero lo cierto es que entre la legislación a que ésta dio paso acabó por encontrarse la subvención a las compañías ferroviarias por fin rescatadas. Además, durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) el servicio de la deuda alcanzó el techo para todo el siglo, superando el 38% del gasto total en el período y contratando con la banca francesa—y muy especialmente la Banque de Paris—algunas de las más onerosas y escandalosas operaciones de crédito largamente recordadas por la opinión pública. La degradación del crédito de España en ese momento llegó a tal punto que se concedieron garantías especiales a algunos empréstitos, respaldados con rentas cuya hipoteca se concedía a la gestión de los acreedores, a menudo organizados en comités o delegaciones con una formidable capacidad de influencia en la política interna de los países deudores. Sobre ellas dijo Luigi Einaudi que en los países donde funcionaron con mayor libertad y poder estas comisiones de acreedores “acabaron por transformarse en un verdadero Estado dentro del Estado, independientes del Gobierno nacional y constituyendo una amenaza para la soberanía”, para concluir que “la concesión de garantías especiales a los acreedores públicos es con frecuencia un primer paso hacia la pérdida de la propia independencia política, por lo que un Estado que tiene conciencia de su dignidad realiza toda clase de esfuerzos para no someterse a ellas.” Como puede verse, la perspectiva que una gran parte de los políticos o la ciudadanía griega sostiene sobre el papel fiscalizador de la troika tiene fundados precedentes históricos. Máxime cuando la misma Grecia, junto con Turquía, Marruecos o Egipto, fue uno de los países que con anterioridad a 1914 padeció el rigor político de los comités de acreedores extranjeros.

Pese a que Antonio Cánovas del Castillo, artífice de la Restauración, había sido, hasta el inicio mismo del reinado de Alfonso XII, consejero del Banco Hipotecario de España—una criatura de la banca francesa—y le unían vínculos familiares con el Marqués de Salamanca, relacionado estrechamente con los bancos de París y Londres, el período restaurador contempló tanto una reducción de la carga de la deuda para la Hacienda española como una cierta relajación de la dependencia respecto a Francia. En parte, el enfriamiento de las relaciones políticas y financieras entre Francia y España procedía de la desconfianza entre un país firmemente defensor del principio monárquico y la relación privilegiada entre la Iglesia católica y el Estado y una de las repúblicas más avanzadas de su época; pero ello no impidió que la inversión directa francesa en la economía española aumentara muy significativamente, así como la inglesa, belga y suiza, entre otros países. No sería hasta 1914, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando la presencia francesa en las finanzas españolas menguaría considerablemente a través de la nacionalización de su participación en bancos y sociedades españolas como una forma de saldar una balanza por cuenta corriente en aquellos años tan favorable a nuestro país por su papel como proveedor de bienes y servicios a los contendientes y, especialmente, a Francia.

Por supuesto, España no fue el único país al que se aplicó con fuerza el ahorro político francés, empezando por sus propias posesiones en África y Asia, donde a menudo operaron bancos especialmente dedicados a la deuda colonial. En Europa, la banca francesa invirtió también con preferencia en Italia, en Austria-Hungría y los países escandinavos, de donde terminó retirándose bien por la dura competencia de la banca inglesa, alemana y belga, bien por la cambiante política de alianzas de la segunda mitad del siglo XIX. En Bulgaria o Grecia la política financiera francesa tuvo un carácter más permanente, pero donde sin duda alcanzó un mayor grado de desarrollo y madurez fue en Rusia: allí, la adquisición de deuda del Estado e inversiones ferroviarias a muy largo plazo—que permitieron, entre otras cosas, la apertura de una línea transiberiana considerada esencial para el gobierno ruso en el desarrollo económico del país y su expansión hacia el Este—fueron el mejor nexo de unión para permitir en 1894 una alianza militar franco-rusa que se prolongaría hasta los días de la Revolución de Octubre de 1917.

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