Airbnb, Lyft, Uber, bicicletas compartidas y más allá: resumen de las investigaciones sobre la economía compartida

05/11/2014 | Joanna Penn (Journalists Resource)

En octubre de 2014 el Fiscal General del estado de Nueva York emitió un informe sobre las operaciones de Airbnb en el que concluía que el 72 por ciento de los alquileres de este sitio web violaban la reglamentación de zonificación estatal y otras leyes. El modelo de negocio de esta empresa está basado en permitir a la gente que alquile habitaciones o pisos enteros por periodos cortos de tiempo, y este informe es el más reciente en una serie de batallas que Airbnb está luchando con los reguladores de todo el mundo.

Berlín ha prohibido los alquileres por periodos cortos de tiempo en las zonas más populares de la ciudad si no cuentan con permiso previo de las autoridades. Paris aprobó una ley en febrero de 2014 que permite a los inspectores de la ciudad verificar las viviendas en alquiler cuyos propietarios sean sospechosos de alquilarlas ilegalmente a visitantes. Airbnb ha contra atacado con sus propios informes de los beneficios que proporcionan los alquileres durante periodos cortos al mercado de la vivienda, argumentando que los servicios de la empresa benefician a las economías locales.

Airbnb es solo una de las nuevas empresas de lo que colectivamente se conoce como “economía compartida”. También conocido como consumo colaborativo o persona-a-persona (P2P), reta a la noción tradicional de propiedad privada y está basada en la producción o consumo compartido de bienes y servicios. Sus orígenes están en las iniciativas sin ánimo de lucro como Wikipedia (2001) y Couchsurfing and Freecycle (ambas de 2003). Los avances en la tecnología de la información permitieron la creación de sistemas a gran escala para compartir bicicletas (el primero estuvo en Lyon, Francia, en 2005), los cuales posteriormente se han expandido a los Estados Unidos y por todo el mundo.

Las redes sociales y la tecnología móvil han permitido la más reciente expansión de la economía compartida y la han hecho un gran negocio: Airbnb permite a individuos compartir sus viviendas, mientras que Lyft y Uber transforman vehículos privados en recursos comunes. Todos estos servicios son con ánimo de lucro, pero solo se quedan con una fracción de lo que se cobra, dejando el resto a los propietarios: se estima que en 2013 los ingresos que circulaban por la economía compartida hacia las billeteras de las personas excedían los 3,5 mil millones de dólares, un 25 por ciento más que el año previo. Airbnb ha sobrepasado los 10 millones de estancias desde su lanzamiento y ahora tiene listadas más de medio millón de propiedades en todo el mundo. Mientras tanto Uber ha dicho que está duplicando sus ingresos cada seis meses.

Como señala el economista Larry Summer en un reciente artículo que co-escribió para la Harvard Business Review, los intereses de las empresas de la economía compartida y los gobiernos de las ciudades a menudo están alineados, pero al no incluir en sus inicios a los posibles reguladores (del servicio), puede despertar sospechas de que las empresas están tratando de aprovechar huecos (en la legislación) en lugar de desarrollar un modelo legítimo de negocio. Por ejemplo, las cortes de Frankfurt recientemente mantuvieron una prohibición nacional sobre Uber, y el servicio también ha sido prohibido en varias ciudades canadienses. En el centro de estos debates está el saber si Uber está, como dice, operando solo como una empresa tecnológica pura, proveyendo un servicio que une al usuario con el proveedor del servicio, o si en efecto está operando como un servicio de taxi sin licencia, que fue la conclusión del Concejo de la ciudad de Calgary. Más aún, un juicio de demanda colectiva en Massachusetts dice que Uber explota a sus chóferes, clasificándolos erróneamente como contratistas independientes para evitar pagarles como empleados con los beneficios correspondientes.

Ejemplos de todas partes del mundo muestran que estas relaciones conflictivas con los reguladores no tienen que ser la norma. En febrero de 2014, Ámsterdam se convirtió en la primera ciudad en aprobar la llamada ley “amigable a Airbnb”. Una ley que permite el alquiler por periodos cortos de tiempo a los residentes permanentes de San Francisco fue aprobada en octubre de 2014, pero requiere que los propietarios cobren los mismos impuestos hoteleros de la ciudad e impone otras restricciones. En Londres, reglamentos de los años 1970 que limitaban las estancias por periodos cortos de tiempo fueron eliminadas, haciendo más fácil para Airbnb y otros operar en la ciudad. El gobierno británico incluso ha lanzado una iniciativa para hacer del Reino Unido el “Centro global de la economía compartida”. De igual manera, mientras algunos operadores tradicionales han combatido a los negocios nacientes de la economía compartida, otros han elegido convertirse en uno de ellos: en 2013 Avis pagó 500 millones de dólares por el servicio de vehículos compartidos Zipcar, y Hertz ha iniciado un servicio similar.

Este editorial tiene como origen el blog “Journalist´s Resource” con licencia Creative Commons. Ha sido traducido por el equipo de FxM.

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